El 18 de mayo de 1934 el ministro de Justicia, Cantos Figuerola y el presidente Alcalá Zamora firmaron el decreto por el que se creaba el Colegio de Registradores de la Propiedad de España.

El Decreto contenía siete artículos y tiene un núcleo con la enumeración de los fines que ha de perseguir el Colegio de Registradores. Entre sus fines se destaca: la unión y cooperación de sus miembros por medio de subvenciones a los registros incongruos (deficitarios), auxilio a las familias de los registradores fallecidos y pensiones a los jubilados; prestar al gobierno y a la dirección general de los Registros y del Notariado, los informes y servicios que consideren oportunos y reglamentar el nombramiento y retribución de los oficiales de los Registros de la propiedad.